Ismael Buendía
Madrid, 26 de abril. Este martes, 28 de abril, se cumple un año del histórico cero eléctrico que dejó a millones de habitantes en España y Portugal a oscuras durante horas. Doce meses después, con varios informes sobre la mesa y una Comisión parlamentaria terminada y otra en marcha, aún no se ha señalado a un culpable del incidente.
Ni el Gobierno, ni el panel de expertos europeos de Entso-E, ni la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han sido capaces de identificar un responsable claro del cero eléctrico.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se apresuró en su informe, el cual fue dado a conocer en menos de dos meses tras el incidente. Sin embargo, se limitó a mencionar que el apagón fue el resultado de un problema «multifactorial» que involucró episodios de sobretensión, oscilaciones y desconexiones de centrales. Además, avanzó en un conjunto de medidas para supervisar mejor el sistema y evitar un episodio similar en el futuro.
Más tiempo le llevó a la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E) elaborar su informe final, que fue publicado en marzo de este año. A pesar de algunas conclusiones similares, el informe consideró que el apagón fue un «evento sin precedentes» y el más significativo de estas características en las últimas dos décadas. Esta entidad concluyó que no hubo una única causa, sino que se trató de una combinación de varios factores, incluyendo oscilaciones en el sistema, dificultades para mantener la tensión estable y desconexiones rápidas de generación en España.
De esta investigación surgieron recomendaciones para fortalecer las prácticas operativas, mejorar el monitoreo del comportamiento del sistema y establecer una coordinación e intercambio de datos más estrechos entre los actores del sistema eléctrico. También se destacó la necesidad de adaptar los marcos regulatorios para apoyar los cambios en el sistema eléctrico, lo que constituye un claro tirón de orejas a todos los implicados.
En cuanto al informe de la CNMC, este fue de carácter consultivo y vio la luz casi once meses después del evento, evitando señalar directamente a ningún responsable. No obstante, destacó que el 28 de abril de 2025 se contaba con las «herramientas normativas y regulatorias, así como mecanismos para garantizar el suministro» que podrían haber ayudado a evitar el apagón eléctrico.
EXPEDIENTES SANCIONADORES
Precisamente, el regulador ha incoado unos 55 expedientes sancionadores por indicios de infracción, de los cuales se deberá esperar más de un año para saber si se consolidan en multas definitivas. Estos expedientes han sido dirigidos a la Red Eléctrica de España (REE), en su caso considerado muy grave, y a varias compañías eléctricas como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Bahía de Bizkaia, TotalEnergies, Engie y ContourGlobal La Rioja, entre otras, todas de carácter grave.
Sin embargo, más que aclarar las dudas, estas acciones han servido para seguir distribuyendo las culpas, dejando poco más que un arsenal para una batalla que es probable que se dilucide entre todas las partes en los tribunales.
Asimismo, no ha sido mucho más esclarecedora una Comisión de Investigación del Senado, que ha tenido un claro perfil político y que, a lo largo de meses, ha escuchado a los distintos actores del sector, señalando a varios como responsables. Ha concluido, con una mayoría del PP en la Cámara Alta, identificando como culpables del apagón eléctrico al Gobierno, a la Red Eléctrica de España (REE) y a la CNMC por su «inacción regulatoria y supervisora».
Esta semana también ha comenzado la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados, que ha visto pasar a los altos directivos de las empresas energéticas, confirmando que se seguirá el mismo camino de intercambio de acusaciones en torno al apagón, aunque con poco avance en la iluminación del incidente.
Es importante señalar que está en juego quién deberá asumir la factura millonaria por los daños causados por el apagón, ya que se están planteando demandas judiciales que probablemente tendrán un largo recorrido en los tribunales, que parecen ser el lugar definitivo donde se resolverá la responsabilidad del incidente.
MODO REFORZADO
El apagón ha dejado como consecuencia un ‘modo reforzado’ en la operación del sistema eléctrico desde ese día, lo que ha llevado a un aumento significativo en el coste de los servicios de ajuste. Este incremento se traslada, lógicamente, a la factura de la luz, sobre todo para los clientes del mercado regulado, conocido como PVPC.
A pesar de que la creciente presencia de energías renovables ha reducido el precio de la electricidad en el mercado mayorista, la variabilidad de estas tecnologías obliga a ajustar continuamente la producción para mantener el equilibrio entre la oferta y la demanda. Esto ha hecho que el sistema requiera cada vez más recursos de respaldo, como los ciclos combinados de gas natural.
Todo ello tiene un coste; su uso ha aumentado para evitar desequilibrios e incidentes como el apagón de 2025. Como resultado, el coste de estos servicios de ajuste alcanzó en marzo un nuevo máximo de 27,6 euros/MWh, casi un 74% más que hace un año y más del doble en comparación con el mismo mes de 2024, según datos de Selectra.
