Ismael Buendía
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha informado que ha enviado una carta a 541 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan o concentran 50 o más propiedades, con el objetivo de recordarles su obligación de prorrogar los contratos de alquiler de sus inquilinos que caduquen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. Esta medida se aplica si los inquilinos así lo han solicitado.
Según el comunicado del Ministerio, estas empresas gestionan más de 50.000 alquileres en total. La carta, firmada por el director general de Consumo, recuerda a los destinatarios la obligatoriedad de cumplir con el Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, que establece medidas urgentes en el ámbito del alquiler, como respuesta a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la situación internacional.
Impacto en el mercado del alquiler
Estas medidas afectan directamente a los arrendamientos de vivienda habitual, donde operan las inmobiliarias. Según un informe elaborado por el Ministerio de Consumo en colaboración con el CSIC, el 61% del mercado de alquiler está en manos de multiarrendadores, tanto particulares como personas jurídicas. En contraste, el pequeño casero, que gestiona una sola vivienda, controla el 39% de los alquileres.
Además, el estudio revela que los propietarios que perciben rentas por alquiler de vivienda habitual constituyen el 4,9% de la población total, en comparación con el 20,8% que representan los inquilinos.
En ciudades grandes como Las Palmas (65%), Santa Cruz de Tenerife (64,6%), Palma (63%), Barcelona (60,8%), Madrid (56,4%) y Valencia (55%), los multiarrendadores tienen una participación aún mayor en el mercado de alquiler.
Detalles de la prórroga extraordinaria
La carta también explica a los grandes tenedores en qué consiste la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento: el inquilino podrá renovar su contrato de alquiler una vez finalizada su duración por plazos anuales, hasta un máximo de dos años adicionales, siempre y cuando el contrato esté firmado entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.
Por lo tanto, el Ministerio de Pablo Bustinduy aclara que esta norma establece un nuevo derecho de renovación del contrato de alquiler por dos años, que deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador, siempre que el inquilino lo solicite. Los términos y condiciones del contrato en vigor se mantendrán.
El Ministerio de Consumo ha exigido a las entidades la máxima diligencia para garantizar la correcta aplicación de estas medidas, así como la implementación de procedimientos internos necesarios para su cumplimiento inmediato.
Finalmente, se anticipa que el decreto que contempla la prórroga de los alquileres será sometido a votación para su convalidación la próxima semana en el Congreso. El Gobierno está trabajando para reunir los apoyos necesarios, con el fin de asegurar que no decaigan las medidas aprobadas.
