Ismael Buendía
MADRID, 21 abr. – La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, incluye una «cláusula antifraude» para combatir posibles amaños en la adjudicación de viviendas de protección oficial, esto, en respuesta al caso de las VPO de Alicante que está investigando la Justicia.
En este sentido, ha afirmado que «no se va a financiar» con dinero público «ni una sola promoción» de vivienda en la que no se garanticen «registros conforme a criterios de transparencia objetivos» y «fácilmente constatables por la ciudadanía» para evitar «escándalos» como el de Alicante, donde «dirigentes del Partido Popular se han repartido las VPO», según declaró en una entrevista en Hora 25 de la Cadena SER.
La ministra ha detallado que deberá existir un «registro público de demandantes de vivienda», «canales de adjudicación» y «sorteos ante notario». Estas medidas son parte de las «garantías» que tendrán que respetar quienes deseen optar a parte de los 7.000 millones de euros que contempla el plan.
Asimismo, ha garantizado que la Administración supervisará el cumplimiento de estos criterios, y sostiene que se ha «armado» un sistema de «dación de cuentas» que será imprescindible para recibir financiación pública.
Rodríguez ha denunciado que el caso de la VPO en Alicante no es un «accidente», sino que responde a decisiones «políticas» del Gobierno del expresidente Carlos Mazón, que han llevado a que las personas hagan cola para acceder a una vivienda de protección oficial «como si fueran a sacar entradas para un concierto».
El plan estará dotado con 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, y destinará el 40% del presupuesto a incrementar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda existente a través de ayudas específicas, y el 30% restante se orientará a ayudas como las dirigidas a la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.
Prórroga de los Alquileres
Por otro lado, preguntada sobre la prórroga de los alquileres y su aprobación en el Congreso, Rodríguez ha trasladado su respaldo al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien lidera la negociación. «Cuando sale un acuerdo del Consejo de Ministros, es de todos. Para mí, todos los acuerdos se luchan, se pelean, se defienden», ha afirmado la ministra de Vivienda.
No obstante, Rodríguez ha subrayado la dificultad que enfrentan para obtener apoyos parlamentarios. Ha señalado que hay que dar una oportunidad y «apurar cualquier circunstancia» para alcanzar el acuerdo, especialmente con Junts.
«Yo creo que hay que recomponer», ha sostenido, al tiempo que ha reconocido que el apoyo de Carles Puigdemont es crucial para avanzar otras medidas, como la ley de alquileres de temporada, o para facilitar la movilización de la vivienda en España. «Y espero, como ha sido posible hasta ahora, poder seguir contando con Junts para ello», ha añadido.
A pesar de un posible rechazo del decreto en la Cámara Baja, Rodríguez ha indicado que seguirán «peleando porque la gente que vive en alquiler en España merece una estabilidad». «Lo que esperaría de los tribunales es que se posicionaran siempre del lado de la prevalencia del derecho a la vivienda y de su función social, frente a cualquier otro interés», ha concluido.
